Los franceses exportaron hace tiempo a varias lenguas la expresión "déjà vu" que literalmente significa "ya visto". Se refiere a situaciones que ya se han vivido y que repiten. Esa sensación se tiene a menudo en nuestra sociedad con problemas que se repiten con periodicidad y tienden a eternizarse. El servicio de taxis es, por cierto, un dolor de cabezas para los tucumanos desde la década de 1990.
Un grupo de taximetreros protestó ayer frente a la sede municipal, tras recorrer las calles céntricas. Le exigieron al Concejo Deliberante que avalara el cambio de modelo de 17 vehículos, cuyos propietarios adquirieron autos a través de créditos del Banco Nación. Pretenden que se admita el ingreso de los nuevos rodados al Sistema Único de Transporte Público de Pasajeros de Automóviles (Sutrappa). A modo de presión, el titular de la Asociación de Conductores de Taxis de Tucumán declaró que les habían cambiado las reglas del juego, razón por la cual les van a quitar el auto porque no pueden pagar la cuota. Agregó que la Presidenta estaba enterada de esta situación.
En esta oportunidad y luego de varios años de ceder ante las quejas de quienes trabajan al margen de las ordenanzas, los 18 ediles decidieron unirse y ponerse firmes en la negativa a seguir otorgando prórrogas, a menos que sea el propio intendente el que solicite mediante un decreto al órgano legislativo una nueva dilación.
Creado en abril de 2006, el Sutrappa nació con un pie en la irregularidad y comenzó boicoteándose a sí mismo. En el momento de su creación se dijo que el sistema era incompatible con la Ley Nacional de Tránsito, que establece 10 años de antigüedad para el transporte de pasajeros. En la sesión del 3 de agosto de ese año, el Concejo aprobó una norma que concedía mayores facilidades a los taxistas y remiseros ilegales para poder ingresar en el Sutrappa. La ordenanza permitía que circularan legalmente, por lo menos, 830 autos de alquiler de más de 14 años de antigüedad. A tres meses de la puesta en funcionamiento del nuevo sistema, continuaban circulando autos en estado deplorable.
En abril de 2011, caducó la autorización para que prestaran servicio los modelos 1997, 1998, 1999 y 2000. Una vez más, los taxistas amenazaron con sitiar la ciudad si no se les concedía una moratoria. A modo de presión, alrededor de 200 infractores se constituyeron en el parque 9 de Julio para lograr que los concejales les otorgaran una prórroga y como era de esperar, no sólo lo consiguieron, sino que hasta el mismo intendente avaló la medida. Este año, el Sutrappa entró nuevamente en crisis y corrió peligro de desaparecer envuelto en denuncias de corrupción y coimas. Hubo promesas de investigación, pero sigue habiendo quejas por irregularidades.
Si un comerciante no cumple con la ley, seguramente le clausurarán el local, a menos que se ponga en regla. Y si definitivamente no puede acatarla, deberá dedicarse a otra actividad. Lo mismo debería suceder con los taxis; si no pueden cumplir con la normativa, debería dárseles de baja. ¿Por qué en otras ciudades como Rosario, Córdoba, Mendoza o Buenos Aires se cumple la ley a rajatabla y en Tucumán nunca se puede? Todos los años, este tipo de presión taximetrera se renueva. ¿Hasta cuándo los tucumanos seguiremos soportando este "déja vu" crónico?